"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Reportaje
Diez años de Carta Europea de Derechos Fundamentales: ¿más derechos para las personas con discapacidad?
15/11/2019
Rafael Olea
En una ilógica paradoja, libertades y leyes aprobadas por la Unión Europea no llegan a implementarse después en los ordenamientos jurídicos de los Estados, aunque se las reclame con insistencia. Esto es, precisamente, lo que ha sucedido con la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, aprobada hace casi una década por la UE y que ha tenido un efecto “muy limitado en discapacidad” al no trasladarse “las proclamaciones nominales de derechos a hechos tangibles, por falta de legislación y políticas ambiciosas”, según denuncia el CERMI. Como decía José Luis Sampedro, “Europa es como un jefe que nunca se pone al teléfono”.
H
an pasado ya casi dos décadas desde que, el 7 de diciembre de 2000, Europa celebrara con gran suntuosidad en la Costa Azul un ‘brindis al sol’ con la aprobación de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales. En ella, se reconocían 54 importantes artículos, en parte destinados a incorporarse a una Constitución Europea que nunca llegó a materializarse y que, por culpa de la lenta burocracia comunitaria, no entraron en vigor hasta nueve años después.
Recientemente, con motivo del décimo aniversario de este documento clave sobre Derechos Humanos, la Agencia de los Derechos Fundamentales formuló una pregunta para recopilar las opiniones, experiencias y propuestas de las organizaciones de la sociedad civil respecto a su aplicación durante este decenio.
Entre ellas, se incluía el CERMI, y su respuesta fue categórica, ya que “considera muy limitado el efecto de la Carta Europea de Derechos Fundamentales en el avance social de las personas con discapacidad en el continente, dado que las Instituciones de la Unión Europea no han trasladado las proclamaciones nominales de derechos a hechos tangibles, por falta de legislación y políticas ambiciosas”.
A juicio del CERMI, la Carta tiene potencial para progresar en la materialización de los derechos de las personas con discapacidad, pero solo si las instituciones europeas pasan de las declaraciones huecas a compromisos efectivos, legislativos, presupuestarios y de modelo, que activen un auténtico cambio social. Y esto, precisamente, es lo que todavía no se ha materializado.
Hito no materializado
El delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad, Jesús Martín, explica que la Carta “es una norma que nació para proteger y promover aquellos derechos que conectan con la condición humana, como son la dignidad, la igualdad, la libertad y la justicia, así como otros que se incardinan en la vida en comunidad como son la solidaridad y la ciudadanía”. “Podríamos decir”, añade, “que es un compendio aplicable al marco de la Unión Europea del contenido de los Pactos de los Derechos Civiles y Políticos, y del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas”.
El director de los Servicios Jurídicos del CERMI y director de Relaciones Sociales e Internacionales y Planes Estratégicos de Fundación ONCE, Miguel Ángel Cabra de Luna, recuerda “el nacimiento accidentado y alcance ‘no constitucional’ de esta norma”, y puntualiza que “es un elenco de derechos y libertades que la UE ha proclamado como un mínimo común para todos los estados miembros. Su ámbito abarca derechos tanto políticos como sociales o de solidaridad. Sin embargo, hay que precisar que carece del alcance jurídico de las constituciones nacionales, lo que suele llevar a cierta frustración a los ciudadanos”.
Por su parte, Martín precisa que “lo más importante, y es con lo que quiero que se queden las y los lectores, es que se trata de una Ley, y como tal es de obligado cumplimiento en el Estado español, y con Estado nos referimos a todos los niveles de las políticas generales y territoriales, porque es común que las administraciones locales y autonómicas no se sientan interpeladas por la legislación internacional. Además, debemos saber que se trata de una herramienta jurídica vinculante a la hora de hacer valer nuestros derechos como ciudadanía europea”.
Mención a la discapacidad
La Carta de Derechos tiene una mención directa a la discapacidad en su artículo 26, en el cual dispone que ‘La Unión reconoce y respeta el derecho de las personas discapacitadas a beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad’.
Aunque solo uno de los artículos menciona directamente a las personas con discapacidad, todos los artículos, trasversal y globalmente, las amparan y protegen. La Carta reconoce expresamente los derechos de los menores, de las personas mayores, la igualdad entre hombres y mujeres, la integridad de la persona y la dignidad humana, la no discriminación, la prohibición de la tortura y de las penas o los tratos inhumanos o degradantes, la vida familiar y profesional, el poder contraer matrimonio y fundar una familia, entre otros muchos derechos inherentes a la condición humana.
Cabra de Luna explica que “la realización plena –de estos derechos– depende de que la Unión y los Estados promuevan la aprobación de instrumentos legislativos, reglamentarios y políticos que puedan garantizar de un modo efectivo los derechos reconocidos”.
Y este es, precisamente, el problema, puesto que ni la UE ni los Estados realizaron plenamente esa labor para garantizar los derechos reconocidos en la Carta, lo que ha limitado su efectividad, como denuncia el CERMI.
El director de los Servicios Jurídicos del Comité añade que “la Carta por sí sola, y aun siendo un poderoso instrumento jurídico para la interpretación de normas nacionales y de los Tratados UE, que suele invocarse en el Tribunal de Justicia de la UE y en los Tribunales nacionales, posee un alcance no modesto, pero, sin duda, no enteramente satisfactorio, al depender, en definitiva, de la acción legislativa de la UE y de los Estados”.
¿Por qué ha tenido un limitado efecto?
¿Y por qué, si la Carta tiene un carácter vinculante, los Estados no la han desarrollado? El delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad es categórico con su respuesta: “Lo he dicho muchas veces, los derechos humanos son incomodos, porque nos proponen retos muy ambiciosos, desafíos que desactivan zonas de confort…. aunque sería más apropiado de decir espacios de poder y opresión. Bajo mi punto de vista, esta es la razón principal, en la inobservancia sistemática de los tratados de derechos humanos”.
“Con la discapacidad ocurre algo más profundo, que parte de una negación del estatus de persona. Con esta premisa para el sistema, resulta una herejía decir que queremos formar una familia o queremos votar”, añade Martín.
Listado de incumplimientos
Casi una década después de aprobarse la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, el delegado del CERMI para los Derechos Humanos y la Convención de la ONU de la Discapacidad expone que “cuestiones como la accesibilidad universal o la seguridad de un nivel de vida adecuado resultan una quimera para muchos millones de mujeres y hombres con discapacidad”.
Según Martín: “Resulta sangrante, máxime teniendo esta legislación vigorosa en materia de Derechos Fundamentales, que nuestro sistema penal siga permitiendo la esterilización de seres humamos, que son fundamentalmente mujeres y niñas con discapacidad, y que nuestras políticas públicas sigan entender ni aplicar el artículo 1 de la Carta que dice ‘La dignidad humana es inviolable. Será respetada y protegida’. También resulta preocupante, en términos de dejación de responsabilidades, que todos los avances para dar cumplimento a esta Carta se hayan promovido y defendido desde la sociedad civil, de las personas con discapacidad y nuestras familias, a lo qué habría que preguntarse ¿Qué sería de nosotras y nosotros si no existiera el movimiento asociativo CERMI?”.
Sin embargo, Jesús Martín añade un matiz positivo: “La Carta tiene potencial para progresar en la materialización de los derechos de las personas con discapacidad, pero solo si las instituciones europeas pasan de las declaraciones huecas a compromisos efectivos, legislativos, presupuestarios y de modelo, que activen un auténtico cambio social”. Solo faltaría materializarlo…
Discapacidad, de una vez por todas
En este sentido, y ante el limitado efecto de la Carta Europea de Derechos Fundamentales en el avance social de las personas con discapacidad, Cabra de Luna explica que “el ‘European Disability Forum’ (EDF) ha reclamado que la discapacidad entre de una vez por todas a formar parte relevante de la agenda política europea y una Directiva de igualdad y accesibilidad mucho más amplia que recoja las aspiraciones de las personas con discapacidad”.
Además, se han desarrollado otros marcos a nivel europeo a favor de la discapacidad, como la Estrategia Europea sobre Discapacidad (2010-2020).
“El objetivo general de esta Estrategia”, explica Cabra de Luna, “es capacitar a las personas con discapacidad para que puedan disfrutar de todos sus derechos y beneficiarse plenamente de una participación en la economía y la sociedad europeas, especialmente a través del mercado único. La Estrategia identifica medidas a escala de la UE complementarias a actuaciones nacionales, en los siguientes ámbitos: accesibilidad, participación, igualdad, empleo, educación y formación, protección social, sanidad y acción exterior”.
“Sin embargo, el principal acto legislativo ha sido únicamente la Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril de 2019 sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios. Se trata de una norma claramente insuficiente, ya que su ámbito material de aplicación se circunscribe a una lista cerrada de unos pocos productos y servicios, lo que limita mucho u impacto”, lamenta el director de los Servicios Jurídicos del CERMI y director de Relaciones Sociales e Internacionales y Planes Estratégicos de Fundación ONCE.
Futuro: reivindicar cada día
Y mientras el CERMI denuncia el limitado efecto que ha supuesto la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, desde la discapacidad organizada se mantiene una clara apuesta por revertir esta situación y lograr un futuro en el que se materialicen plenamente los derechos de las personas con discapacidad.
“Somos –el CERMI y las personas con discapacidad– un movimiento social beligerante e inconformista, pero, ante todo, somos agente propositivo y un aliado fiel del Estado de Derecho. Por ello seguiremos trabajando, desde la lealtad institucional, con los espacios y poderes donde se toman las decisiones, para cambiar el orden de las cosas, para que se nos reconozca en la dignidad, en la igualdad y las libertades fundamentales”, afirma Martín.
“No debemos olvidar”, ratifica Martín, “que los derechos humanos se deben reivindicar cada día, más en un orden mundial en que son cuestionados, por eso necesitamos una sociedad civil fuerte y articulada y que vele por el mantenimiento y promoción de las conquistas que nos igualan y que no dejan a nadie a atrás”.
Es decir, desde el CERMI se propone seguir insistiendo en la defensa de las libertades y derechos de las personas con discapacidad (tanto los que reconoce la Carta o la Convención de la ONU, como el resto de convenios internacionales) hasta que Europa atienda la llamada y deje de parecer, como decía Sampedro, el jefe que nunca coge el teléfono.
